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Obrero pide a la Delegada de Educación que deje su cargo ante su incapacidad política y de gestión

La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba y parlamentaria andaluza, Rafaela Obrero, junto a la coordinadora de Educación Luisa Mª Arcas, ha pedido a la Delegada de Educación de la Junta en Córdoba que deje su cargo ante la incapacidad política y de gestión que demuestra cada día para solucionar los problemas del sistema educativo en la provincia de Córdoba.

 

Obrero y Arcas han hecho un balance de la situación de las infraestructuras educativas en nuestra provincia, en base a una reciente respuesta parlamentaria del Consejero de Educación a la parlamentaria cordobesa. “La Junta vendió el Plan OLA como su plan estrella para las infraestructuras educativas y para la creación de empleo, y la realidad a día de hoy es que es un plan estrellado, fracasado y que se ha tornado ineficaz en sus dos objetivos, tanto en la ejecución de obras de reforma, mejora y adecuación de centros educativos como en la creación de puestos de trabajo”, dice Rafaela Obrero.

 

Según esa respuesta del Consejero, de las 125 actuaciones que tenía previstas el Plan OLA en la provincia de Córdoba todavía están sin ejecutar más del 40% de ellas, a pesar de que el plan ha sido prorrogado en varias ocasiones. Con lo cual, esto demuestra primero el fracaso de este Plan OLA, y segundo que la Delegada en Córdoba miente cuando ofrece cifras de ejecución irreales. Además, de los 1.400 empleos que tenía previsto crear este Plan OLA en Córdoba, apenas se han alcanzado 500, frustrando así las expectativas de muchos desempleados cordobeses que esperaban a conseguir trabajo con este plan de choque, dice Obrero.

 

Hasta en tres ocasiones se ha prorrogado este Plan OLA, y en ellas las infraestructuras y los plazos se han ido multiplicando por tres, mientras que el presupuesto para llevarlos a cabo lo han multiplicado solo por una y medio. “Eso significa que en el camino se han perdido casi 3.000 empleos por la falta de ejecución y por la falta de presupuesto en este plan de infraestructuras educativas”, dice la parlamentaria.

 

Ante esto, el Consejero de Educación anunció hace unos meses un nuevo plan de infraestructuras educativas, que se financia con fondos propios de la Junta de Andalucía, 155 millones de euros de los que solo 9´6 se desinaría a 9 actuaciones en la provincia de Córdoba entre los años 2014 y 2015.  Según la respuesta de parlamentara de Luciano Alonso, 2.524.39808 euros están comprometidos en 2014, pero la realidad es que a un mes de que finalice el año todavía están pendientes 5 de esas actuaciones, entre ellas el CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Montoro, el IES Medina Azahara, el IES Trassierra, la Escuela de Arte Dionisio Ortiz, y el CEIP en Turruñuelos.

 

En otro sentido, el Plan OLA fijó el pago a las empresas adjudicatarias de las obras en 45 días después de su certificación, cuando la realidad es que se está pagando hasta 5 meses después de lo previsto, “jugando con la viabilidad de las empresas, con los sueldos de esos trabajadores, con su futuro”.

 

Además, en los ejercicios presupuestarios 2013, 2014 y 2015 se ha reducido en 95 millones de euros las transferencias de la Junta al EPAISE (Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos). “La realidad es que hay menos dinero, más aulas prefabricadas, más centros esperando reformas, menos trabajo para las empresas que hacen estas obras y menos puestos de trabajo para los andaluces y cordobeses”, dice Obrero.

 

Desde el Partido Popular de Córdoba seguiremos atendiendo a muchos colectivos y segmentos sociales (padres y madres de alumnos, profesores, monitores escolares, etc.) que nos piden ayuda para solucionar los múltiples problemas que tiene hoy el sistema educativo en Córdoba, muchos de ellos se podrían solucionar en la Delegación Territorial de Educación, pero la Delegada no ha sabido o no ha querido involucrarse en ellos. “Cuantas más personas con problemas en el ámbito educativo llegan hasta nosotros más corroboramos la incapacidad política y de gestión de la Delegada”, dice Obrero y añade, “negar la realidad que cuentan padres, alumnos, profesores, etc. es negar la evidencia, y eso signo evidente de no tener capacidad resolutiva, con lo cual la señora Delegada debería dejar su cargo, dejar de crear problemas a los cordobeses y dejar de utilizar a la comunidad educativa para hacer confrontación política”.

 

Por su parte Luisa Mª Arcas ha recordado múltiples problemas de centros educativos cordobeses que llevan años esperando a actuación de la Delegación de Educación de la Junta, mientas que llegan al Ayuntamiento de Córdoba pidiendo ayuda ante situaciones insostenibles. “La Junta está parcheando con actuaciones de forma descoordinada con los ayuntamientos, y estos están haciendo obras que no les corresponde, tapando las vergüenzas a la mala gestión de la Junta en infraestructuras educativas por tratarse de centros que albergan a niños y menores”, dice.

 

Ejemplo de ello es el CEIP Guillermo Romero donde se actuó en 2012 y que vuelve a estar en precaria situación.

 

Arcas ha pedido sensibilidad a la Delegada, y que sea capaz de actuar en los centros de forma coordinada con los ayuntamientos, de manera que no se malgaste en dinero público de todos los ciudadanos en obras que a los pocos meses se tienen que deshacer para hacer otras actuaciones.

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