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El PP califica de “disparate” la comisión municipal de la Mezquita-Catedral

El Partido Popular de Córdoba ha calificado de “disparate” la comisión de expertos convocada por el Ayuntamiento de Córdoba para defender la titularidad pública de la Mezquita-Catedral.

Una comisión de de carácter partidista ya que sólo cuenta con profesionales ligados al PSOE”. Así lo ha afirmado el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, durante el foro que los populares han desarrollado junto a afiliados bajo el título 'Mezquita-Catedral: historia, leyenda y actualidad'. “Se trata de una agresión histórica sin precedentes y que, incluso, podría llevar al Ayuntamiento de Córdoba a cometer prevaricación si las conclusiones van en contra de los informes elaborados por los servicios jurídicos”.

 

Molina ha destacado la creación de estos foros de debate con afiliados dentro de los nuevos canales de participación con los que empieza a contar el PP de Córdoba tras el último congreso provincia. “Unos foros mensuales donde los propios afiliados elegirán los temas a debatir y que servirán para pulsar la opinión de nuestras bases sobre asuntos de actualidad”.

El primero de estos foros ha contado con el subdelegado del Gobierno en Córdoba e historiador Juan José Primo Jurado y con el notario Rafael Díaz Vieito como ponentes.

Primo Jurado ha destacado la importancia trascendental de que Fernando III no destruyese la Mezquita en 1236 y que, en los siglos posteriores, la Iglesia conservase la parte principal y más suntuosa de la época musulmana como el Mihrab.

La historia y las leyendas refrendan el fuerte vínculo indisoluble entre la Mezquita-Catedral y Córdoba y los cordobeses, al tiempo que dejan clara la propiedad eclesial del conjunto, beneficiosa para su conservación y que nunca ha sido puesta en duda", ha subrayado Primo Jurado.

Por su parte, el notario Rafael Díaz Vieito ha subrayado que “la reclamación de la titularidad pública de la Mezquita-Catedral carece de sustento jurídico, sin que el hecho de haberse practicado la inmatriculación a favor de la Diócesis tenga más valor que la publicación de un derecho preexistente, reiteradamente reconocido por las Administraciones”.

La certificación del diocesano como medio inmatriculador no es, como se pretende decirnos, un invento reciente ya que ha estado vigente en España desde antes de la promulgación de la Constitución del 78 hasta el año 2015, sin que se haya planteado recurso o cuestión de inconstitucionalidad alguna sobre ello”, ha afirmado Díaz Vieito.

Para el notario cordobés, “la polémica sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral es artificial y no tiene más objetivo que el acoso a la Iglesia con fines electorales. Resulta especialmente llamativo que el objetivo declarado de la recientemente creada Comisión para el asesoramiento a la Alcaldesa sobre esta materia pretenda la restitución de la Mezquita al estado anterior a la inmatriculación, pues no existe diferencia alguna entre la situación jurídica, posesoria o de gestión anterior y posterior a la práctica de la misma, sin que en virtud de dicha inmatriculación la Iglesia, cuya gestión y conservación es modélica, haya modificado su conducta ni se haya atribuido derecho alguno del que antes no gozase”.

 

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