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El Gobierno del PP amplía la protección a los discapacitados, mientras que la Junta recorta el presupuesto para estas políticas

altEl senador del Partido Popular de Córdoba y portavoz de Sanidad en la Cámara Alta, Jesús Aguirre, ha destacado que el Gobierno de España amplía la  protección a las personas con discapacidad mientras que la Juntade Andalucía recorta el presupuesto para políticas de discapacidad y no paga los compromisos adquiridos con entidades, ayuntamientos y empresas.

Así, el senador cordobés ha recordado que el Gobierno de mariano Rajoy ha destinado un total de 1.405 millones de euros este año para proteger a los discapacitados, lo que suponen en torno a 120 millones más de lo que destinó el Gobierno socialista a las personas con discapacidad. De este modo, ocho de cada diez euros del presupuesto del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales está dedicado a la atención a la dependencia, ya que la prioridad del Gobierno es proteger a los que más lo necesitan, a pesar de las dificultades económicas, dice Aguirre, y añade, así lo demuestra que el 63,6% de los presupuestos de 2013 se dirijan a gasto social.

“El PSOE dejó un sistema de dependencia al borde de la quiebra y colapsado,  dejó de contabilizar 225.000 grandes dependientes, y gran parte de los impagos que ahora se denuncian proceden de ejercicios que se remontan al año 2008, cuando estaba el PSOE al frente del Gobierno”, afirma.

Ahora, el Gobierno del Partido Popular tiene el firme compromiso de defender los derechos de los    discapacitados y su integración en todos los ámbitos, sobre todo, en el laboral, ya que la inclusión laboral garantiza la integración social de los discapacitados y beneficia a todos en cuanto a reactivación económica y cohesión social.

“En el Partido Popular creemos que es necesario proponer medidas para formar, informar y sensibilizar desde la escuela sobre la situación de las personas con discapacidad, y así facilitarles las condiciones sociales para su integración dentro de la sociedad”, dice Aguirre.

El objetivo del Gobierno es la implantación de un sistema de dependencia en toda España justo, sostenible, eficiente y transparente, que este basado en  garantizar la sostenibilidad, proteger a las personas con mayor grado de dependencia, simplificar y clarificar los procedimientos y asegurarse de que las prestaciones se adecuan a la necesidad de cada persona. Para ello, el Gobierno busca en este sentido el máximo consenso entre las autonomías y todos los grupos parlamentarios.

FALTA DE COMPROMISO DE LA JUNTA CON LA DISCAPACIDAD

En otro sentido, Jesús Aguirre ha lamentado la falta de compromiso del gobierno de la Juntade Andalucía con las políticas destinadas a la discapacidad, en las que ha recortado su presupuesto para ele ejercicio 2013.

“Los presupuestos de la Juntapara el año 2013 reflejan una tendencia a  hacer desaparecer las políticas encaminadas a la inclusión de las personas con discapacidad, a pesar de que este colectivo representa en Andalucía el 9,58% de la población, a más de 725.400 personas”, dice el senador.

Además, las transferencias a las corporaciones locales para políticas de discapacidad sufren un recorten del 51%, al mismo tiempo que las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro dentro del programa de servicios sociales tienen un recorte del 50,53% mientras que en el programa de ayudas públicas de carácter social el recorte asciende al 50,51%.

Si a esto unimos los continuos impagos y los retrasos en el pago a organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad en Córdoba y Andalucía, vemos como la Juntaestá poniendo en peligro toda la red de centros  asistenciales  existentes y miles de puestos de trabajo, dejando en total desamparo a este colectivo y a sus familias.

En la provincia de Córdoba, la Juntade Andalucía, lleva más de tres meses de retraso en el pago a las residencias de mayores y unidades de estancia diurna, actualmente debe septiembre, octubre y noviembre.Solo en la provincia de Córdoba, la Juntadebe más de 4 millones de euros a 40 centros de discapacitados, lo que pone en peligro el trabajo de 800 personas que atienen de más de 2.500 usuarios.

Jamás se había llegado en Andalucía a una situación similar en la que  se está desquebrajando el sistema del bienestar, por inanición y por los impagos reiterados de los servicios asistenciales que prestan por parte de la Juntade Andalucía, concluye Jesús Aguirre.

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