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Obrero: “La Junta desatiende y olvida a las personas con discapacidad”

La parlamentaria andaluza y vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba, Rafaela Obrero, ha denunciado que el gobierno de la Junta desatiende y olvida a las personas con discapacidad.

 

Según Obrero, los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2014 siguen perjudicando los intereses de los andaluces y los cordobeses más vulnerables como son las personas con discapacidad.

 

La insensibilidad hacia este colectivo se hace patente en el sablazo que el gobierno de PSOE e IU han llevado a cabo en las transferencias corrientes a corporaciones locales para la atención a las personas con discapacidad, con un recorte en los últimos tres años de 1´4 millones de euros. “A pesar de ser la administración más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos se han quedado solos en la atención de las personas con discapacidad”, afirma.

 

Lo mismo ocurre con las transferencias corrientes a las instituciones sin ánimo de lucro y a las familias con un recorte de 6,7 millones de euros en los últimos tres años.

Obrero ha criticado que PSOE e IU han aprobado unos presupuestos que ponen en riesgo el estado de bienestar ya que suponen un recorte de 421 millones de euros en tres pilares fundamentales como son Sanidad, Educación y Políticas Sociales, cuando en las cuentas de 2013, Griñán recortó 1.768 millones de euros a Sanidad, Educación y Bienestar Social. “En solo dos años el PSOE e IU les han quitado a los andaluces 2.189 millones de euros en estas políticas”.

La parlamentaria popular ha reprochado al gobierno del bipartito andaluz que el presupuesto no prevea la creación de nuevas plazas para mayores ni personas con discapacidad. “Se reducen las plazas en centros ocupaciones para personas con discapacidad un 36%, lo que supone 2.156 plazas menos en Andalucía”.

Para Rafaela Obrero, en los momentos más duros y más difíciles el gobierno andaluz deja en total desamparo a un colectivo que representa a un 9,54% de la población andaluza. “La nefasta gestión del gobierno autonómico y la  política de impagos de la Junta de Andalucía está desembocando en la exclusión social y la asfixia económica de las entidades más representativas de la discapacidad, llegando ya a los 35 millones de euros de deuda pendiente de pago”, señala la parlamentaria popular, y añade, “es el triple engaño del gobierno socialista-comunista andaluz, primero es no presupuestar, segundo es no ejecutar, y tercero es no pagar”.

 

Según datos de FEAPS-Andalucía, la importante deuda que la Junta mantiene con los centros especiales de empleo, de más de 7 millones de euros, están provocando que muchos de ellos estén a punto de desaparecer por los problemas de financiación que esto conlleva, con la consecuencia de que se dejan unos 8.000 puestos de trabajo en el aire y el futuro de muchas personas.

 

“Hoy por hoy, cuatro de cada cinco discapacitados están en el paro, no tienen empleo y sin posibilidades de encontrarlo. Hay un 8,5% de analfabetismo en este colectivo y sólo el 3,7% tiene estudios universitarios, algo que se justifica por la escasa inversión de la Junta a las universidades para la atención a las personas y programas de discapacidad, que este año se ha quedado en solo 2.000 euros para 15 universidades en toda Andalucía”, confirma Rafaela Obrero.

 

Córdoba sigue siendo una de las provincias más castigadas por el desempleo en este colectivo, con 2.088 parados con discapacidad según datos ofrecidos por el Observatorio Argos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a fecha del pasado mes de noviembre.  

 

Con este panorama, el balance del Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad 2007/2013 ha sido nefasto y no ha conseguido mejorar la integración laboral de este colectivo que tiene que competir en un mercado laboral cada vez más carente de oportunidades, dice la parlamentaria andaluza.

 

Junto a esto hay que recordar la promesa incumplida de un Plan de Educación Especial en Andalucía, con una vigencia temporal de 2011/2015, que el anterior Consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, prometió meses antes de las elecciones autonómicas de 2012. “Las deficiencias en el sistema educativo andaluz siguen generando impotencia en las familias con hijos con discapacidad y la sensación de abandono por parte de la administración educativa, creando desigualdades con el resto del alumnado”, concluye.

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