La vicesecretaria general del PP de Córdoba, Beatriz Jurado, ha reclamado al gobierno andaluz que apruebe un nuevo modelo de formación para el empleo “con nuevas fórmulas que no sólo sean más eficaces sino que, además, estén blindadas contra el fraude y la corrupción”.

Jurado ha asegurado que la paralización de la formación “ha sido sin duda una de las decisiones más nocivas que se podían tomar para el empleo en nuestra comunidad”.

En este sentido, la vicesecretaria general de los populares de Córdobaha señalado que fue una decisión adoptada por la presidenta de la Junta de Andalucía “de forma unilateral y arbitraria como escudo personal ante la incapacidad de acabar con las irregularidades que cubrían la formación para el empleo en Andalucía”.


Beatriz Jurado ha afirmado que esta decisión “supuso pasar por encima del derecho de los trabajadores andaluces a la formación y perder más de 800 millones que hemos tenido que devolver a la Unión Europea desde 2011”.


Ha agregado que “como efecto perverso añadido, se sumó la injusticia de que empresas de formación que cumplieron estrictamente con la legalidad han pagado las consecuencias en la misma medida que quienes hicieron negocio con la formación de los desempleados andaluces”. “El gobierno andaluz ha hecho pagar a justos por pecadores y muchas pequeñas empresas que hicieron las cosas bien no han cobrado y se han visto atrapadas en la maraña del fraude de la formación”.


Jurado ha destacado que “el nuevo modelo de formación en Andalucía ha sido largamente anunciado pero todavía está por llegar” y ha señalado que ese nuevo modelo tiene que seguir las bases de la reforma aprobada por el Gobierno de España como “marco jurídico adecuado, estable y común para todos, respetando el marco competencial y atendiendo a las necesidades específicas del tejido productivo de cada comunidad autónoma”.


Las bases sobre la que debe pivotar un nuevo sistema de formación para el empleo en Andalucía deben contar con una planificación estratégica plurianual en la que los agentes sociales, incluidas las asociaciones de autónomos y de la Economía Social, deben tener un protagonismo esencial. Esa planificación, ha agregado, tiene que ir necesariamente precedida de una evaluación permanente de la calidad y el impacto real de la formación.


“Debe ser una formación coherente con las necesidades reales, actuales y futuras, del tejido productivo andaluz y de los trabajadores” y ha señalado como novedad la puesta en marcha del “cheque-formación” que “permitirá que la persona desempleada elija la formación que quiere y la entidad que se la imparte”.


Además, ha afirmado que “en las nuevas convocatorias de subvenciones en este ámbito habrá de garantizarse la concurrencia competitiva” y prohibirse “la subcontratación de la acción formativa, es decir, que quien reciba los fondos tendrá que ejecutar directamente esa formación”.


“Si con anterioridad se hubiera seguido por este camino de eficacia y transparencia se hubieran creado más oportunidades de empleo en nuestra tierra y no se hubiera propiciado un enorme fraude de dinero público”, ha asegurado Jurado.