El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado en la Cámara Alta una Proposición de Ley para atajar el problema de la okupación ilegal de viviendas, creando un marco legal apropiado que proteja la propiedad privada y establezca mecanismos necesarios para el desalojo en 24 horas.

Sobre esta medida ha informado la senadora del PP de Córdoba, Cristina Casanueva, quien ha mantenido una reunión con el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, para abordar los recientes casos de viviendas ocupadas en este municipio.

El pasado miércoles el Pleno del Senado aprobó la toma en consideración de la Ley antiokupación, la primera ´Ley Feijóo´, ha comentado Casanueva. “Se trata de una Proposición de Ley con aspectos penales, civiles y administrativos, para luchar contra la ocupación no tolerada por su dueño, que se apoya en interpretaciones de la legislación efectuadas con mala fe y que popularmente se designa como okupación”.

Según ha explicado la senadora, “la okupación ilegal es un grave problema al que hay que plantar cara con un marco jurídico preciso, partiendo de la tolerancia cero hacia este fenómeno y la protección tanto de la propiedad privada como de las personas en situación vulnerable”.

Esta iniciativa parte de la preocupación de la sociedad ante el incremento de este fenómeno desde 2018. “No es un problema menor, ni algo de gamberros o antisistema. Es un problema real en el que han intervenido verdaderas mafias que han creado una industria invadiendo viviendas que no son de su propiedad, y que llega a muchos municipios de nuestra provincia”, ha explicado Casanueva quien ha destacado que en España hay unos 100.000 inmuebles ocupados ilegalmente, y en la provincia de Córdoba en 2022 se presentaron 174 denuncias por ocupación ilegal.

La okupación ilegal ataca al derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogido en la Constitución y además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad y la integridad de las personas. “En el caso de la última vivienda ocupada en el barrio de Miragenil, se da la circunstancia que en esa zona viven muchas personas mayores que están solas y que se sienten desprotegidas ante estas situaciones”, ha explicado Cristina Casanueva.

Desde el Partido Popular estamos convencidos de que es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal, además de proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, y al mismo tiempo luchar activamente contra las mafias que han hecho de la okupación ilegal su negocio.

Así el texto de este proyecto de Ley plantea medidas concretas encaminadas a generar un marco jurídico preciso que solvente las carencias del actual, con el Gobierno del PSOE. “Un marco que se ha demostrado poco eficaz en la protección adecuada del derecho de propiedad, en el que sus costes y plazos suponen unos tiempos de respuesta que no se alinean con el fin de protección que debería perseguir la ley”, ha señalado Casanueva.

“La tolerancia con la okupación no ayuda al más débil, sino que castiga a los barrios más humildes. Por esto desde el Partido Popular defendemos una postura de tolerancia cero con la okupación, y se hace necesario garantizar una convivencia vecinal pacífica y respetuosa”, ha afirmado.

La proposición de Ley antiokupación del PP obliga al desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad. Si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa. También se impide que los okupas se puedan empadronar en la vivienda ocupada e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por okupación. Del mismo modo, contempla una modificación del art 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.

“Somos conscientes de que hay muchas personas y familias que tienen problemas para acceder a una vivienda, pero la okupación no es la solución, es otro problema más. El PSOE y Pedro Sánchez llevan gobernando los últimos 5 años y la realidad es que el precio medio del alquiler ha subido un 40% de media y el precio de la vivienda libre también, con lo que el problema se agrava. Las personas vulnerables necesitan ayudas, viviendas públicas y sociales y protección, pero no promesas vagas en época electoral como la que hizo Sánchez, que anunció que haría 400.000 viviendas públicas y ha construido cero”, ha concluido la senadora.