La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba niega la libre elección de centro educativo a una familia cordobesa a pesar de haber plaza vacante en el centro educativo elegido.

 

Así lo han denunciado el parlamentario andaluz del Partido Popular de Córdoba Adolfo Molina, y la coordinadora de Educación Luisa Mª Arcas, quienes han mantenido un encuentro con la madre de la alumna afectada por esta circunstancia.

 

Los padres de esta alumna de educación Infantil de tres años, en el proceso de escolarización ordinario solicitaron como primera opción en el Colegio Santísima Trinidad, aunque no obtuvieron plaza y su hija está matriculada en un centro público de la misma zona de influencia.

Recientemente, esta familia ha conocido la existencia de una plaza vacante en este centro educativo y ha solicitado a la Delegación de Educación que se haga un traslado del expediente de su hija a este colegio. “Ante esto, la Delegación de Educación le ha dado la callada por respuesta, diciendo que esa plaza está a disposición de la administración pública y no será posible su asignación”, comenta Arcas.

“Esto es un ejemplo de la vulneración por parte de la Delegación de Educación de la Junta del derecho de esta familia de elegir el centro educativo para su hija, más aún cuando el proceso de escolarización ordinario ya ha finalizado y con este traslado de expediente no se perjudica a terceros, es más se cubre en su totalidad las plazas de ese  centro concertado”, dice Luisa Mª Arcas. Y añade, “mucho nos tememos que en ese detalle ahí radica el problema, que la Delegación prefiere que quede una vacante en un centro concertado a pesar de que su coste para las administración pública andaluza es mucho menor en la plaza pública”.

Según el Decreto de Escolarización 40/2011, publicado en el BOJA con fecha 25 de febrero, en el artículo 54 queda claro que las plazas vacantes que pudieran producirse tras la certificación del número total de alumnos que se hayan matriculado serán ofertadas al alumnado que resultó no admitido en el centro solicitado como prioritario. “La situación de esta familia se ajusta a éste precepto, con lo cual no podemos entender cómo la Delegación de Educación está dándole largas, dejando pasar el tiempo, sin darles la solución oportuna que se recoge en la normativa”, afirma la coordinadora de Educación del PP cordobés.

El diputado cordobés del PP en el Parlamento Andaluz, Adolfo Molina, ha anunciado que elevará una pregunta a la Consejería de Educación para saber si existe una variación en la normativa que regula estos casos del proceso de escolarización, y pondrá en conocimiento de la Consejera el caso de esta familia.

“La administración pública debe estar para solucionar problemas a los ciudadanos y no para crearlos”, dice Molina, quien considera que en este caso  la Delegación de Educación de Córdoba está actuando de forma arbitraria y opaca, sin querer atender la petición de una familia que reclama algo que ya está reconocido en la normativa de escolarización.

El Partido Popular siempre ha defendido, y lo seguirá haciendo, la libertad de elección de los padres del modelo educativo que quieren para sus hijos, sin diferenciación entre educación pública, privada o concertada.