El diputado nacional del Partido Popular de Córdoba, Bartolomé Madrid, junto a las senadoras Cristina Casanueva y Lorena Guerra, han mantenido un encuentro con la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Córdoba para conocer la situación pormenorizada que vive la Guardia Civil en esta provincia y recoger sus demandas ante el Ministerio de Interior.
Según ha puesto de manifiesto la AUGC, en la provincia de Córdoba el número de efectivos ha caído un 5% desde 2022 y existen 150 vacantes, con lo que el 11% de la plantilla de efectivos que debería haber en esta provincia está sin cubrir. Además, los nuevos destinos anunciados por el Gobierno hace unos meses no hacen aumentar la plantilla.
Por otro lado, las instalaciones de acuartelamientos y casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba es muy mejorable, teniendo que salir algunos ayuntamientos y la Diputación provincial en auxilio de este cuerpo facilitando dependencias provisionales para que puedan desarrollar su trabajo de forma digna. Algo similar sucede con el parque móvil de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba muy viejo y deteriorado, con una media superior a 11 años de antigüedad en los vehículos, donde el 36% de ellos tienen más de 200.000 kms recorridos.
Con este panorama no es extraño que los índices de criminalidad se hayan incrementado un 3,8% en la provincia de Córdoba en el primer semestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Y lo que es más grave, siguen llegando noticias de la intención del Ministerio de Interior de reorganizar el SEPRONA eliminando patrullas para crear otras con número más reducido, y el desmantelamiento de la Guardia Civil en el ámbito rural, como el PP ha denunciado recientemente a través de una PNL en el Congreso de los Diputados.
El pasado mes de junio, el Senado aprobó una de las llamadas Leyes Feijóo para que Policía Nacional, Guardia Civil y agentes aduaneros tengan jubilación anticipada por ser profesión de riesgo.
Así mismo, el PP en el Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno de Sánchez llevar a cabo una equiparación salarial real, total y absoluta de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos, una reivindicación habitual de las asociaciones de ambos cuerpos que el anterior Gobierno del PP dejó firmado en 2018 con los principales sindicatos de la Policía y la Guardia Civil.
El Partido Popular defiende la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuenten con los medios materiales y técnicos necesarios para realizar su trabajo en las mejores condiciones.