La diputada cordobesa y portavoz adjunta en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados María de la O Redondo ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez un plan de rescate para los feriantes ante la grave situación que atraviesan por la incidencia del Covid.

Para la diputada, que ha mantenido una reunión con representantes de los feriantes lucentinos,  estos empresarios se sienten olvidados por la administración central ya que no han sido encuadrados en ninguna de las ayudas previstas para otros sectores, cuando están pasando un calvario desde que se decretó el Estado de Alarma en nuestro país. “Son muchas familias enteras viviendo una situación muy dura, sin ingresos de ningún tipo desde hace más de un año y con unas perspectivas muy complicadas para la temporada 2021”, afirma.

 

Redondo ha recordado que en la mayoría de casos estos feriantes ni tan siquiera han podido acogerse al llamado paro del autónomo al encontrarse de baja de la actividad ya que en el estallido de la pandemia sucedió justo antes del inicio de la campaña 2020. “La situación que atraviesan es muy difícil, aún más grave que otros sectores también castigados por la crisis del Covid-19”, afirma.

 

Así, María de la O Redondo ha anunciado que mañana llevará a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados una proposición no de ley  instando al Gobierno a poner en marcha “de manera urgente” un plan de actuación para el colectivo de los feriantes que permita paliar los efectos dela crisis generada por la pandemia.

 

Entre las medidas que el Partido Popular plantea al Gobierno de España está la creación de una línea ICO complementaria a las existentes y adaptada a la realidad de los feriantes y que puedan disponer de ella durante los 12 meses siguientes a la llamada normalidad.

 

Así mismo, la diputada popular propone al Ejecutivo suspender la cuota de autónomos hasta el levantamiento del estado de alarma, y una reducción del 50% de la misma en los 3 meses siguientes a la normalización.

 

Además una reducción de la tasa de la Seguridad Social para los empleados del 50% los 2 primeros meses y aplazamiento de su pago hasta los 3 meses desde que se pueda retomar la actividad.

 

Otra de las demandas de este sector es que los profesionales puedan acreditar que no pueden ejercer su profesión por la suspensión de las ferias en la prestación otorgada a todos los trabajadores por cuenta propia, aunque el el momento del decreto no se encontrasen dados de alta en RETA, teniendo consideración especial de temporalidad del sector y extensión de la misma hasta el momento en que se puede reiniciar la actividad, bastando acreditar haber estado de alta en RETA en 2019 y/o 2020.

 

“Pedimos también que se prorroguen los ERTEs a los trabajadores contratados por feriantes hasta que se reanude la actividad con total normalidad”, dice Redondo, además de instar al Gobierno a legar acuerdos con las compañías de seguros para paralizar las pólizas tanto de responsabilidad civil como de los vehículos hasta que se retome la actividad normal.

 

Para el PP es fundamental contar con un plan trianual que articule sistemas de apoyo a comerciantes feriantes y actividades comerciales bajo modalidades de venta ambulante dotado con 75 millones de euros en los PGE.

 

Creemos necesario también que exista una Mesa de Diálogo con todas las administraciones públicas para atender a este sector, e instamos a la FEMP a elaborar un protocolo para el reinicio de la actividad de este sector con todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de contagios por Covid-19, explica la diputada lucentina.

 

En definitiva, “los feriantes quieren trabajar y poder llevar ingresos a sus casas; están pasando por un situación muy grave y necesitan respaldo del Gobierno y apoyo de todos para poder retomar la actividad, dentro de lo posible, con las medidas de seguridad necesarias”, concluye Redondo.