El presidente del Partido Popular de Córdoba Adolfo Molina ha asegurado que la conocida como Ley Celaá de reforma de la ley de educación elimina derechos, discrimina a alumnos y genera desigualdades entre las familias.
Así lo ha mantenido tras mantener un encuentro telemático con varios colectivos y entidades de la educación concertada en la provincia de Córdoba, como son Escuelas Católicas, CECE, los sindicatos FSIE y USO, y las asociaciones de padres de alumnos CONCAPA y FAPYMA . En la reunión han participado también el portavoz de Educación del PP en el Parlamento andaluz Miguel Ángel Ruiz, la diputada Beatriz Jurado y la coordinadora de Educación del PP cordobés Luisa Mª Arcas.
Molina ha mostrado “nuestro rotundo rechazo a las imposiciones ideológicas del Gobierno de España con la Ley Celaá” y ha asegurado que el Partido Popular seguirá defendiendo la educación de calidad y la libertad de elección educativa de las familias, así como el castellano como lengua vehicular. “Vamos a dar la batalla junto a Más Plurales para que el Gobierno dé marcha atrás a este atropello, vamos a recoger firmas y recurriremos ante el Tribunal Constitucional este atentado contra derechos fundamentales, y si es necesario legaremos hasta Europa”, afirma.
En la próxima semana el PP llevará al pleno del Parlamento andaluz una Proposición no de Ley en la que exige la retirada de la LOMLOE impuesta por el Gobierno de Sánchez “ya que no sólo se ha planteado sin consenso con la comunidad educativa y provocando división social por la eliminación del español como lengua vehicular, sino que elimina el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos y de las familias con hijos con necesidades especiales”.
Los padres tenemos derecho a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y para para poder elegir necesitamos que haya distintas opciones; y para eliminar desigualdades es necesario que esas opciones estén financiadas por el Estado, porque si no las familias con menos recursos no podrán elegir, ha mantenido Molina. “Con la Ley Celaá sólo podrán elegir quienes puedan pagarlo, la Ley Celaá genera desigualdades”.
Para el PP es una enorme injusticia que pretendan acabar con los centros concertados, más de 100 en la provincia de Córdoba, con más de 2.800 trabajadores docentes y no docentes y más de 25.000 familias, “también quieren acabar con los colegios de educación especial, lo cual es muy grave”, afirma Molina. Los padres de alumnos con necesidades especiales tienen que tener el derecho de elegir si quieren escolarizarlos en aulas ordinarias, en aulas específicas dentro de los centros ordinarios o en centros específicos de educación especial.
Adolfo Molina ha lamentado que esta reforma educativa “plateada a prisa y corriendo, en plena pandemia, sin consenso con el sector educativo y solo para satisfacer a sus socios separatistas” solo pretende imponer un modelo ideológico. “El Gobierno de España no puede permitir que primen los intereses independentistas por encima de los derechos y libertades de los españoles y los cordobeses, ni utilizar la educación como moneda de cambio para aprobar sus presupuestos”, dice.
Frente a la vía de la imposición, Adolfo Molina ha destacado el modelo andaluz basado en el consenso y el diálogo con todo el sector educativo para alcanzar un Pacto por la Educación, y ha venido trabajando en el seno del Parlamento de Andalucía en los últimos meses. “La educación debe estar al margen de cuestiones partidistas, y todos los representantes públicos debemos aunar esfuerzos en mejorar el sistema y en dar respuestas a las demandas de la comunidad educativa, sobre todo porque está en juego el futuro de nuestros niños y el futuro de nuestra tierra”.